No al desalojo, no somos toma tierras, exclaman familias de Santa Celia

Más de 80 familias de la Finca Santa Celia ubicada en la comarca Yasica Sur del municipio de San Ramón, piden no ser desalojados y aseguran que no se trata de toma tierras, sino de personas que recibieron una manzana de tierra y un solar en concepto de indemnización por años de trabajo en la finca de don Mario Cerna Barquero.

Las tierras están siendo reclamadas por un banco ya que fueron empeñadas por Cerna, sin embargo, las familias presentan un contrato de comodato precario, además de una constancia emitida por la Comunidad Indígena porque se trata de tierras indígenas.

“Nosotros no estamos perjudicando al banco y mucho menos al señor Cerna Barquero”, dice don Rafael Hernández Chavarría un jornalero que cumplió trece años en la finca y se muestra descontento con las autoridades que no han revisado esta situación que está poniendo en peligro sus vidas,»Estamos reclamando de que se respeten nuestros derechos, nosotros tenemos un derecho ganado y se nos tiene que pagar, como nuestra liquidación final. Nos dicen que, don Mario no tiene dinero para darnos liquidación y se dijo que se nos daría una manzana de tierra cada uno, también la casa; llevaron una abogada y ella recibió los datos de cada trabajador donde firmaron que serían dueños de el solar (terreno)», afirma Hernández.

Familias exigen aclaración

“No queremos esta actitud violenta de parte de la Policía”, dice doña Norma Lilliam Zeledón quien exige una aclaración sobre lo ocurrido con esta propiedad, «Nos están diciendo que nos van a sacar que nos van a desalojar, no somos toma tierra, nosotros estamos ahí porque es nuestro derecho, queremos que ya nos dejen en paz».

Don Manuel Pérez Mendoza cumple 31 años como trabajador permanente y ha sido elegido como defensor de los trabajadores y trabajadoras, él se muestra interesado en que se arregle esta situación en buenos términos, «No estamos agrediendo, estamos buscando nuestros derechos. Tenemos una carta de amparo para todos los trabajadores y certificados en mano de las casas y de las tierras», asegura Pérez.

Manuel Hernández defensor de los trabajadores y trabajadoras

“No nos quedaremos de brazos cruzados y no nos van a sacar” , expresa el defensor de los trabajadores que se opone a un desalojo, «tenemos personas mayores que están enfermas y nadie ve por nosotros, queremos que se nos escuche y vamos a luchar hasta el final, lo que pedimos es que se revise ese caso».

La policía explicó a los demandantes que responden a los intereses del banco que reclama estas tierras, según uno de los afectados la policía llega con presión, les sugieren vaya saliendo con sus pertenencias y que no sigan trabajando las tierras porque las quieren libres, «Han llegado a intimidarnos pero nosotros no vamos a permitir que nuestros derechos sean pisoteados, no estamos actuando de forma ilegal vamos por las vías legales y no queremos alborotos con nadie».

Doña Nerys Montenegro se siente de manos atadas, ya que forma parte del comité de defensores de los trabajadores que temen al desalojo porque hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo, «No queremos sufrir no tenemos donde irnos a refugiar y que nos hagan esto, no es justo, estamos afectados no tenemos comida; han llegado antimotines y nos rodearon a todos en la hacienda, todo mundo está alarmado porque no saben qué hacer».

Constancia de la Comunidad Indígena

Ante la situación consultamos con la abogada Karen Massiel Somoza Mejía abogada y Notaria Pública de Matagalpa, «Existe una escritura de un comodato precario en el cual la persona que es dueña de la propiedad otorga este tipo de contrato, otorga la posesión pero no el dominio él sigue conservando derechos sobre tal propiedad pero el uso no, hay un acuerdo y tienen esto que los respalda, por otro lado hay una certificación de la Comunidad Indígena donde se estipula que de los terrenos de Santa Celia son terrenos de la Comunidad Indígena, territorios intocable. En este caso hablamos de un embargo de 800 manzanas de tierra, el banco tomó estas tierras como una garantía».

A juicio de la abogada, el banco no debió aceptar estas propiedades como garantía ya que pertenecen a la comunidad indígena, en todo caso el asesor o la persona que se encargó de dar el crédito debió verificar primero que se trata de terrenos indígenas, «El banco está en su derecho de reclamar por el crédito que se le cedió al dueño de estas tierras, pero también los trabajadores están en su derecho de reclamar sus liquidaciones que por derecho les corresponde. En este caso vemos el actuar de mala fe ya que las tierras están hipotecadas».

Explica que esto se puede hacer en la vía laboral, una solución magnífica sería que el empleador solucione el problema que tiene con el banco liquidando la deuda y les dé a los trabajadores otra tierra que no esté comprometida o les liquide con dinero en efectivo.

Este domingo tres de noviembre es el último día que la policía dio para salir de estos terrenos, de lo contrario amenazan con sacarlos de la propiedad a la fuerza, por esta razón aumenta la preocupación en más de 300 personas que integran estas 86 familias.

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